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Impacto Social de las Explotaciones Mineras de Pueblo Viejo
Ing. Francisco Sánchez Mena
Decano de Planificación y Desarrollo
ITECO
Ponencia presentada en el seminario "Situación Actual de la Rosario Dominicana",
auspiciado por la Academia de Ciencias y la Sociedad Dominicana de Geología.
9 de diciembre de 1998
Abordar el tema del impacto social de una actividad minera en cualquier comunidad del mundo, no es posible sin al menos salpicarla de elementos contenidos dentro del marco económico. Tampoco es posible sin hacer la necesaria revisión al entorno que define la comunidad, así como una referencia histórica que nos permita situarnos de manera objetiva en el tema.
Iniciamos pues, apuntando que los yacimientos de Pueblo Viejo se encuentra en la Provincia Sánchez Ramírez, la más empobrecida provincia del Cibao y una de las tres más pobres del país. Su población sobrepasa los 170 mil habitantes, y más del 91% de ellos viven por debajo de la línea de pobreza. Con una población económicamente activa que está fuera de la actividad productiva en más de un 30%.
Una provincia, cuyo municipio cabecera, al inicio de las actividades de explotaciones mineras del yacimiento de Pueblo Viejo, por allá por el 1975, no tenía calles asfaltadas, ni sistema de alcantarillado, ni abastecimiento adecuado de agua potable. Era menos de tres (3) kilómetros cuadrados, con sus pobladores dedicados a las actividades agropecuarias, prácticamente de subsistencia, con una discreta actividad industrial limitada prácticamente a lo que son las procesadoras de arroz.
Con plantaciones de cacao, café, arroz, plátanos y otros frutos. Con ganadería variada pero de tímido desarrollo. Con recursos hídricos a granel gracias a los más de 1,700 mm de lluvia al año y una variedad de recursos mineros vírgenes.
Eran los años de las grandes protestas y movimientos revolucionarios en todo el mundo. La guerra de Vietnam había calado en los corazones de toda la humanidad. La juventud cotuisana se afiliaba a los clubes culturales y deportivos, para la época de las pocas estructuras organizativas existentes. Se escuchaban por todos los confines del planeta los gritos contra el imperialismo, en la provincia Sánchez Ramírez también.
Ya en 1907, Ramón Mena, agobiado por los abusos de un Neo Cacique de la época, que despojaba de tierras y bienes a los moradores de Cenoví, decide salir a explorar nuevas tierras y al llegar a unos montes sabaneros, enclavados entre pequeñas elevaciones montañosas, regresa a su nativa Cenoví con la moda nueva de que había encontrado un lugar virgen donde un señor había sembrado unos años antes unas matas de cacao y que testimoniaban se podía desarrollar la agricultura.
Le siguieron sucesivamente Toño de la Cruz, José Silva, Eulogio Rodríguez, Rodolfo Fernández y otros, que llamaron a su nuevo lar: Los Cacaos. También las familias Vásquez, Pimentel y muchos otros que fueron conformando el recién nacido paraje. Así surgió Los Cacaos, con pobladores campesinos agobiados por los abusos que cometían con ellos en Cenoví. Ahí se dedicaron por décadas al cultivo del cacao, tabaco, maíz, habichuelas, ñame, plátanos y a la ganadería vacuna y porcina, la crianza de gallinas y otras. Hombres como Rodolfo Fernández procrearon familias numerosas (17 hijos).
En 1954 se hacen las famosas mensuras catastrales y la gente del lugar registra predios inferiores a sus verdaderas posesiones para así evitar pagar impuestos más altos. No se imaginaban que sus descendientes serían presas de sus propias trampas.
Para esa época ya el dictador Trujillo había comenzado a adquirir terrenos de los habitantes de Los Cacaos, y el propio Ramón Mena tuvo que venderle, en 1947, 4 mil tareas de la parcela 4-51k por $80.00
Comienzan a mitad del siglo las primeras exploraciones en busca del preciado metal que una vez fluía aluvional por las aguas del Mejita, Margagita y otros ríos de la zona. Ya en 1973 era un hecho el inicio de las explotaciones y era necesario desalojar la zona donde se trabajaría. Se desalojan unas 30 familias hacia la zona de Las Lagunas, en condiciones verdaderamente infrahumanas. Se le llamó El Semillero por el hacinamiento del lugar y la falta de servicios mínimos. Los campesinos no tenían una estructura organizacional que les permitiera responder adecuadamente a su situación. Esta fue la primera estación del martirioso rosario que les ha tocado vivir a los habitantes de la zona de influencia de las explotaciones mineras de Pueblo Viejo. Lo traumático y doloroso de la situación fue transmitida por los protagonistas mediante el Centro de Promoción Campesina, de la Diócesis de La Vega.
En Cotuí se vociferan consignas "fuera los Yankees", "go home Yankee". Es considerado traidor a todo aquel que pacte con la empresa extranjera. Se forma la Unión de Clubes, donde las ideologías partidistas de izquierda mantenían dominio de la situación. La estructura organizacional de todos modos era muy débil y no había tampoco en la zona urbana una respuesta contundente y definida respecto a la relación empresa-comunidad. La empresa no maneja adecuadamente su relación con la comunidad y se repliega hacia la montaña, aislándose casi totalmente de todo vínculo con la comunidad.
En 1979, el paso del huracán David y la tormenta Federico provocan desbordes de la presa de colas y los habitantes de Las Lagunas son trasladados a Los Cacaos en las más crueles condiciones. En parte por la emergencia del momento, en parte porque nunca la empresa había definido un plan de contingencias. Sencillamente el impacto humano social de las explotaciones nunca fue tema de importancia ya que al gobierno que le tocó negociar las condiciones de explotaciones con la empresa extranjera sólo le interesaba el resultado financiero. Las condiciones del desalojo del 1973 y las improvisaciones del 1979 así lo demostraban.
Entre 1980 y 1985, se realizan los avalúos de las propiedades de los desalojados de Las Lagunas y los por desalojar de Los Cacaos, en medio de grandes jornadas de huelgas urbanas y rurales. Ya en 1988 se realiza el primer desalojo de Los Cacaos. Se dividió en 6 sectores para facilitar la labor, pero el recién creado Comité Pro Desalojo, ante las pretenciones de la empresa de un desalojo selectivo en el sector 1, decide que el mismo se efectúe mezclando moradores de cada sector.
La Rosario Dominicana adquiere 5,641 tareas de tierra en la zona de Las Canas, con una inversión de RD$4 millones, y mediante sistema de permuta asienta 156 familias en parcelas de 35 tareas cada una. La diferencia entre el valor del avalúo y el valor de la parcela se paga en efectivo.
El proceso de pagos para desalojos se interrumpe en 1993 y se vuelve a las huelgas. En base a avalúos de ocho años atrás, se prosigue el pago en 1994. Entre 1996 y 1997, se actualizan esos avalúos y entre octubre del '97 y abril del '98 se pagaron a unas 482 familias por un monto total de RD$18.8 millones.
Aún quedan allí unas 107 familias que, en las condiciones más tristes, aguardan ser desalojadas del lugar. Atrapadas, por un lado, por las inundaciones del lago de la presa de Hatillo que no les permite el paso directo hacia Maimón, y bloqueados por la Empresa por el otro lado, pues no hay otra vía de acceso al lugar. Hay que pasar a través de la Empresa y sólo hasta las 6:00 p.m. O sea, que luego de ese horario esas familias son presos domiciliarios, sin forma de producción, sin agua potable, sin alimentos.
De todos esos desalojos, sus pagos y sus beneficiarios se ha dicho de todo. Que se ha pagado subvaluado, que se ha pagado más de una vez lo mismo, etc. Una cosa es segura: ninguno de esos moradores imaginó jamás que tendría que dejar sus predios para irse a otros lugares. Antes de las explotaciones, ninguno deseaba que lo desalojaran.
Un hecho interesante ha sido la multiplicación de los desalojados como consecuencia del proceso mismo. Familias con infantes recién nacidos en 1973, al 1998 ya son adultos que fueron creando sus propias familias, desarrollando sus vidas en torno al lugar y que han tenido que ser adicionados a los listados, encareciendo sustancialmente el costo total de los desalojos.
Pero, la pregunta interesante sería: ¿Dónde fueron a parar esta gente? ¿Cómo ajustaron sus formas y medios de vida a una nueva situación y un nuevo medio ambiente?
Esas respuestas son las más importantes para medir el tremendo impacto social de las explotaciones. Veamos:
Una cantidad apreciable buscaron otros lugares rurales, ahora más empobrecidos. Un grupo significativo se fue a vivir a Cotuí, creándose los barrios marginales de Libertad, La Altagracia, San Martín y Acapulco. Otros a Maimón, a los barrios de Buenos Aires, Puerto Rico y Venezuela. Otros cuantos a Fantino, en el barrio Los Pinos. Los asentados de Las Canas crearon el barrio La Fortuna, en El Pescozón. Bonao y Santo Domingo también fueron lugares donde fueron a parar toda esta gente.
Los niveles económicos y de capacitación de estos desalojados, en su mayoría analfabetos y dedicados toda su vida a una producción agropecuaria del tipo familiar, fue el nuevo problema para las ciudades donde fueron a parar. Incertarlos en el engranaje productivo, de por sí insuficiente para los ya establecidos, no ha sido cosa fácil.
Estos nuevos pobladores han visto disminuidas sus oportunidades en la ciudad y en gran medida han pasado a ser parte de las estadísticas entre los indigentes que viven por debajo de la línea de pobreza. Las calles están invadidas de desalojados que sin más que hacer han adquirido una motocicleta y sin prácticamente saberlas conducir, la necesidad los ha llevado a dedicarse al motoconchismo unos, a la venta de billetes y quinielas otros, a peones jornaleros una buena parte, una reducida minoría a la mini empresa y, por qué no decirlo, también un grupo se dedica a la delicuencia.
Los nuevos sectores desarrollados anárquicamente, sin ningún tipo de planificación y sin servicios básicos, agrava significativamente la situación de los servicios generales de las ciudades. En Cotuí se ha experimentado un crecimiento de su población, entre 1982 y 1993, que supera el 28%, mientras el promedio nacional para el mismo período rondó el 18%. Sin embargo, se sigue utilizando la misma planta de tratamiento de aguas negras, se sigue utilizando el mismo sistema de abastecimiento de agua potable, y la estación de electricidad sigue siendo la misma.
Esos sectores hoy demandan todo tipo de servicios que ni las autoridades municipales ni las autoridades nacionales han podido paliar siquiera a los antiguos pobladores.
Con una tasa de desempleo tan alta (alrededor del 30%), una tasa de analfabetismo increíble entre reales y funcionales (48%), y reducidas oportunidades de empleos, las zonas urbanas de esta provincia Sánchez Ramírez definitivamente no están en condiciones de asimilar de manera adecuada un crecimiento de tal magnitud, mucho menos producto de una inmigración con las características ya citadas.
Las condiciones en que se desarrollaban los procesos de desalojos de la zona de influencia de la Rosario Dominicana ha impactado en tal magnitud que antes del 1973 esta era una comunidad dócil, hasta indiferente. Hoy es considerada una de las provincias más inestables dentro del punto de vista social, donde las huelgas y los enfrentamientos son el pan nuestro de cada día, alejando la posible inversión de capitales externos que pudieran generar bienestar en la provincia.
En 1979, el Estado Dominicano adquiere la totalidad de las acciones de la Rosario Dominicana, produciéndose la nacionalización de la empresa. Se creó el Patronato Pro Desarrollo de la Provincia Sánchez Ramírez, mediante decreto 1206. Este Patronato administraría el 5% de los beneficios netos que, como compesación a la degradación ambiental, pérdida de sus riquezas no renovables y costo social, recibiría la provincia de las explotaciones mineras de Pueblo Viejo. Hasta ese momento, esos recursos eran manejados directamente por los Ayuntamientos, quienes recibieron dos partidas hasta esa fecha, ascendentes alrededor de RD$3 millones. Desde su creación en 1979, hasta el último pago recibido en 1990, el Patronato manejó RD$17.6 millones.
Ya desde finales de los '70 la economía de Sánchez Ramírez experimentaba un franco crecimiento que no resultó sostenido por sus circunstanciales bases de sustentación. La producción arrocera crecía vertiginosamente, los precios internacionales del cacao y el café atravesaban por excelentes momentos, importantes vías de comunicaciones se construían y los empleos generados por la Rosario Dominicana se hacían sentir en la economía doméstica, no obstante haber sólo 220 cotuisanos de 840 trabajadores. Pero también un grupo apreciable de técnicos y obreros, procedentes de otras ciudades, inmigraron hacia Cotuí, impactando el comercio local.
Debemos señalar que ese grupo de técnicos medios que trabajaba en la mina y se estableció en Cotuí contribuyó significativamente con cierta transmisión tecnológica. Fundaron en Cotuí talleras de metal mecánica, de electricidad, refrigeración y automotrices, que han servido de soporte a la agroindustria arrocera, eje de la economía de la Provincia, así como al servicio local general.
El Patronato tuvo que asumir el rol del Estado pués, a partir del momento de su creación, toda solicitud de la comunidad, todo reclamo de servicios o cualquier ayuda solicitada al sector público o privado, era referida al Patronato para que lo resolviera. "Vayan al Patronato, que allá hay cuartos para resolverle eso" era la respuesta común que recibía la comunidad a sus reclamos y solicitudes. En ese período, la inversión del Estado fue prácticamente nula en toda la provincia. O sea, que el famoso 5% se convirtió en una maldición para la provincia.
El Patronato tuvo que invertir en infraestructuras viales, deportivas, educativas, recreativas y de bienestar social. Obras trascendentales como el Liceo Secundario de La Cueva, los Politécnicos Inmaculada Concepción y Juan Sánchez Ramírez, el Cine Teatro Cotuí, el Mercado Municipal, el Matadero Municipal, el Palacio de Bomberos, la Plaza Artesanal, el inicio del Estadio de Baseball, decenas de escuelas, varios kilómetros de caminos vecinales, parques recreativos en La Mata, Fantino y Cotuí, el asfaltado de las calles de Pueblo Nuevo en Cotuí, de Cevicos y el inicio de las calles de Fantino, el alumbrado público de Cevicos, así como un sin número de obras más fueron financiadas con esos fondos. Se creó también el Instituto Tecnológico del Cibao Oriental (ITECO) y el Banco de Desarrollo Cotuí.
Una muestra del rol estatal que tuvo que asumir forzosamente el Patronato lo constituye también el hecho que tuviera que utilizar de esos pírricos fondos para el pago de avalúos a los desalojados de la zona de influencia de la Presa de Hatillo en 1980 y la disposición de RD$3 millones para que la Corporación de Fomento Industrial construyera la Zona Franca Industrial de Cotuí.
Ahora bien, ¿qué ha sucedido desde 1990? La empresa ha continuado su proceso de extracción de las riquezas naturales de los suelos de Sánchez Ramírez, con su devastador impacto ambiental y la agudización del costo social desprendido de sus explotaciones, mientras la provincia no recibe más a cambio. Desde 1990, el Patronato no recibe un solo centavo.
En síntesis, luego de 25 años de explotaciones en Pueblo Viejo, la provincia Sánchez Ramírez sigue con indicadores sociales y económicos que la sitúan entre las tres más pobres del país, con un medio ambiente altamente impactado por la contaminación. Una provincia resentida por la indiferencia de la empresa y una imagen nacional e internacional de "provincia inestable". Marginada de la inversión pública y considerada de "alto riesgo" por la inversión privada.